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Modelo de pago basado en resultados sin medir resultados

Una de las mayores dificultades de los modelos de pago basado en resultados -vulgo “acuerdos de riesgo compartido”- es precisamente medir los resultados. Estas mediciones pueden conllevar sesgos y trabajo extra, y la propia firma del acuerdo incluye cláusulas extrañas a la práctica habitual y resulta formalmente más compleja.

Pero existe una forma sencilla de obviar esos problemas cuando la duración de la administración -y por tanto, su coste- dependen directamente de la eficacia. Entonces, la propia medida de eficacia es la duración del tratamiento. Esto sucede, por ejemplo, en los tratamientos oncológicos que se utilizan hasta progresión o intolerancia.

Imaginemos un nuevo tratamiento caro, cuya duración media del tratamiento son 20 meses. El laboratorio está dispuesto a ceder un 15% de la facturación para compensar los resultados de pacientes que previsiblemente no obtendrán un beneficio relevante, sin que se pueda saber a priori quiénes serán. La opción consistiría entonces en ceder sin coste los primeros meses del tratamiento de todos los pacientes: el 15% de 20 meses son 3 meses, así que se facilitarían sin coste los 3 primeros meses de tratamiento de cada paciente. Si el tratamiento dura la media estimada (20 meses), el laboratorio recibirá el importe de los 17 primeros meses (el 85% del coste a precio oficial). Si dura 10 meses sólo, el laboratorio recibirá menos -el correspondiente a 7 meses- (el 70%). Si dura 30, recibirá lo correspondiente a 27 meses (el 90%). Si es un tratamiento totalmente fallido, y el paciente sólo dura en tratamiento 3 meses o menos, por progresión o intolerancia, el laboratorio no recibirá nada. Cuanta menor eficacia consiga, menos ganancia obtendrá y menos pagará el servicio sanitario, y al contrario.

Una variante de este modelo sería el caso de la introducción de un nuevo tratamiento más caro que su competidor habitualmente usado, pero que consigue un retraso de la progresión de unos meses más (pongamos que 4 meses más, 14 vs. 10 meses). Sin embargo, sólo un grupo de  pacientes se beneficiarán de esto, sin que se pueda saber de antemano quiénes son. La opción en este caso sería dar los 10 primeros meses de tratamiento a un coste similar al de la alternativa, y el resto al coste total. En los pacientes en los que no se alcance ventaja, el servicio sanitario no habrá empleado un coste adicional a cambio de nada. En el resto, el laboratorio obtendrá mayor beneficio. Supongamos que el coste ajustado del fármaco habitualmente usado hasta ahora sea un 30% menor: el fabricante del nuevo ofrecerá un 30% de descuento en los primeros 10 meses de tratamiento. En pacientes que no alcancen los 10 meses de tratamiento, el laboratorio obtendrá un 70% del precio total (lo mismo que habría obtenido la competencia). Si alcanza los 14 meses (que es la media), obtendrá el 79% (un 70% los 10 primeros meses y un 100% los 4 siguientes), y si alcanza 20 meses, el 85% del precio total (un 70% los 10 primeros meses y un 100% los 10 siguientes). A mayor eficacia, se pagan porcentajes mayores de coste sobre cantidades además también mayores. La ventaja para el laboratorio es obtener todo ese nicho de tratamiento; el sistema sanitario se asegura que, al incorporar un nuevo fármaco más eficaz, sólo va a pagar más por los pacientes que efectivamente se van a beneficiar.

Este modelo, que no es nada nuevo, parece una forma de pago basado en resultados que no requiere una medida y comunicación de los mismos, ni la firma de un acuerdo complejo, salvo para la comunicación de cada paciente nuevo que empieza tratamiento. Como otros acuerdos de este tipo, no fomenta el uso indiscriminado del fármaco, más bien al contrario. Podría ser un modelo justo y fácil de adoptar e implementar en numerosas ocasiones.

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