Por Emilio Alegre, farmacéutico del HU Puerto Real.
En mi opinión, el Ministerio de Sanidad ha sobreactuado en relación con la Sentencia que declaró nulo REvalMed, que es el procedimiento para la redacción de informes de posicionamiento terapéutico de nuevos medicamentos (IPT):
- En primer lugar, ha eliminado totalmente la evaluación económica, algo que ya había hecho unilateralmente en los meses anteriores. En esto se pierde algo clave: el hacerla pública y transparente.
- En segundo lugar, ha desmantelado totalmente no solo REvalMed, sino también el Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico (GCPT) que venía funcionando desde 2013. Es decir, ni siquiera se ha vuelto a la situación anterior a REvalMed, en que los IPTs, dirigidos por la AEMPS, se redactaban y aprobaban con la participación de las CCAA (2013-2020).
- En tercer lugar, todo se dirige a la confluencia con una evaluación europea que no será vinculante, que va a tardar mucho tiempo en desarrollarse, y que no va a proporcionar ni una especificación del escenario de utilidad comparativo del nuevo medicamento, ni por supuesto una evaluación económica.
Con esto, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) está reevaluando por sí sola medicamentos que ya ha evaluado en el marco regulatorio, mientras el propio Sistema Nacional de Salud, consistente en los Servicios de Salud de las CCAA, ha quedado excluido de la redacción y las decisiones de posicionamiento -si las hubiere, que probablemente no- de los nuevos medicamentos. Los costes de la incorporacion de estos nuevos medicamentos son el condicionante principal del aumento de costes farmacéuticos, con una escalada de precios que está reconocida a nivel internacional como un grave problema para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos. Esta situación parece gravemente irregular; todo un ejercicio de autoritarismo de la administración central sobre las CCAA.
Los resultados se verán a partir de ahora. La consecuencia práctica es que la administración aborda la negociación de precios con la industria sin la información suficiente, que sería esta:
1. Especificación del escenario de utilidad comparativo del nuevo medicamento, con cuantificación del beneficio clínico y sus incertidumbres.
2. Evaluación económica y análisis de impacto presupuestario.
En los hospitales, al disponer de IPTs que posicionaban de forma centralizada, se había desmantelado la evaluación para las comisiones de farmacia. Al carecer ahora de posicionamiento, este se realiza a nivel individual, sin más contrapesos a la promoción, volviendo a situaciones del siglo pasado, salvo en las escasas CCAA que, pese a todo, han desarrollado un sistema propio de evaluación y posicionamiento terapéutico.
Por otra parte, el proceso de una evaluación económica transparente, en que la opinión pública pueda conocer la relación coste/beneficio de los nuevos medicamentos y entender los graves problemas de financiación causados por la escalada de precios, se ha esfumado. Sin una evaluación económica independiente y transparente, las presiones de la sociedad por los retrasos en financiar seguirán recayendo de forma exclusiva e injusta sobre la administración sanitaria, si esta no está dispuesta a aceptar cualquier oferta inicial de precio.
La pregunta es a quién beneficia esto. Porque no parece que ni los ciudadanos ni el sistema sanitario público salgan beneficiados, todo lo contrario. Cada vez es más urgente la creación de una estructura evaluadora independiente, que aborde una reforma constructiva de REvalMed incorporando la experiencia de clínicos y evaluadores del SNS, aportando evaluaciones farmacoclínicas y económicas comparativas, consensuadas y transparentes, separadas de la toma de decisiones de precio y financiación. Las futuras evaluaciones europeas podrán ayudar algo a este proceso, pero no lo sustituirán.
Centro de Información de Medicamentos 